¿REBUS SIC STANTIBUS O PACTA SUNT SERVANDA? LA CRISIS Y SUS EFECTOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS

1.- El Derecho español, como el Derecho francés, pertenece al grupo de ordenamientos jurídicos de Europa Occidental que elaboraron sus códigos civiles a lo largo del siglo XIX y no han introducido después reformas significativas, lo que les diferencia, notablemente, del caso del Derecho italiano o del Derecho holandés.

Es consecuencia de ello, que el Código civil español establezca la regla de la indiscriminada fidelidad del contrato que recoge el viejo aforismo pacta sunt servanda, de acuerdo con el cual los pactos son obligatorios y ningún tipo de modificación posterior en las circunstancias que no se tuvieron en cuenta en el momento de su celebración, inciden en su eficacia.

Naturalmente, los mismos efectos que en la doctrina general europea inspiraron la búsqueda de caminos para tratar de dar relieve  a esos cambios de circunstancias, influyeron en el Derecho español. Como es bien sabido, en la doctrina alemana estas tentativas se dirigieron por un doble camino. Por una parte, resucitando la idea que aparecía ya en el Código civil prusiano de finales del siglo XVIII, de acuerdo con el cual con contratos que tienen un tracto sucesivo se entienden celebrados “rebus sic stantibus”, de manera que esta es una condición implícita que se liga con una voluntad, aunque no expresada, virtual de las partes. Y, por otra, tratando de analizar objetivamente lo que en la doctrina alemana a partir de Windscheid después de Oertmann y, finalmente, de Larenz, se conoció como base del negocio.

No es preciso detenerse en este punto, pero puede destacarse que la primera vía de recepción de este tipo de cuestiones aparece entre nosotros con la rúbrica de “cláusula rebus sic stantibus“. Así, en la Revista de Derecho Privado (jul-agost. de 1923), se traduce por W. Roces, Profesor en la Universidad de Salamanca, un trabajo del Prof. Dr. Otto Lenel, con el titulo precisamente de cláusula rebus sic stantibus. Con posterioridad a esa fecha estudiaron la cuestión Pérez González y Alguer, en las Anotaciones a la traducción española del libro de Ennecerus-Kipp-Wolff (Barcelona 1932) y José Castán Tobeñas, en su libro “Hacia un nuevo Derecho Civil” (Madrid 1935), utilizando la misma terminología, que después se generaliza en un estudio de Francisco Candil (“La cláusula rebus sic stantibus”, en Estudios de Derecho Español, Madrid 1946), y otro de Mario Díaz Cruz (en “La cláusula rebus sic stantibus en el Derecho privado”, en la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, mayo 1946).

No es de extrañar, por tanto, que este inicial influjo doctrinal, abierto en 1923 y continuado en los años treinta y cuarenta  influyera decisivamente en la jurisprudencia española. La primera de las sentencias que abre el camino al reconocimiento en el Derecho español de la figura en cuestión es la de 13 de abril de 1944, aunque hay otras sentencias anteriores, de 14 de diciembre de 1940, y 17 de mayo de 1941, que habían aludido a la cuestión aun sin haberse pronunciado sobre ella.

En el caso decidido por la sentencia de 13 de abril de 1944, existía un contrato de compraventa de aceite establecido en junio de 1936 entre Carbonell y la Compañía Pallarés Hermanos S.A. Este contrato no había sido cumplido porque poco tiempo después de celebrado estalló la Guerra Civil y al terminar la guerra Pallarés Hermanos reclamó la entrega de la mercancía que tenía ya pagada. En el pleito se discutió si había existido una imposibilidad absoluta sobrevenida de ejecución del contrato porque el aceite había sido requisado o decomisado por comités revolucionarios, o si por tratarse de cosas genéricas (aceite de oiva) la regla aplicable era la de que “el género nunca perece”.

El Tribunal Supremo llegó a esta última conclusión, pero, tras ello y en la misma sentencia, efectuó una revisión equitativa del contrato y condenó a Carbonell a entregar una cantidad de aceite menor de la pactada. Es curioso destacar que en esta sentencia no se habla específicamente de cláusula rebus sic stantibus aun cuando la idea se encuentra implícita en ella. Así, la sentencia dice que “no obstante los reparos opuestos por algún sector de la doctrina científica, es preciso reconocer la facultad judicial de modificar el contrato, lo que no quiere decir que esto se eleve al rango de principio general, pues no se ha de perder de vista que la ley establece como norma fundamental rectora del negocio jurídico el axioma pacta sunt servanda”.

Hay que esperar hasta la STS de 17 de marzo de 1957 para que el Tribunal Supremo establezca por primera vez los requisitos que consideraba de necesaria concurrencia para poder aplicar la facultad de revisión judicial de los contratos o su resolución y extinción.

Lo hizo señalando que consideraba necesaria la concurrencia de las siguientes circunstancias:

1º.- Una alteración extraordinaria de las circunstancias en el momento de cumplir el contrato en relación con las concurrentes al tiempo de su celebración.

2º.- Una desproporción exorbitante, fuera de todo cálculo, entre las prestaciones de las partes contratantes, que, verdaderamente derrumban el contrato por aniquilamiento del equilibrio de las prestaciones.

3º.- Que todo ello acontezca por el acaecimiento sobrevenido de circunstancias radicalmente imprevisibles en el momento de contratar.

Hay que señalar, no obstante, que hasta ese momento y también después, hasta la llegada de la crisis inicialmente financiera y más tarde sistémica que tan gravemente afectó a nuestro sector inmobiliario, la jurisprudencia española se condujo en esta materia de forma extraordinariamente restrictiva, aun en consideración a los efectos de un supuesto tan relevante para las relaciones contractuales como la Guerra Civil o la situación post bélica posterior. Así, por ejemplo, decidió que no podía oponerse al ejercicio de una opción de compra insertada en un contrato arrendamiento de duración de doce años, pactada en 1929 cuando su ejecución se pretendía en 1941, no obstante la considerable elevación de los precios y el debilitamiento de la moneda (STS de 5 de junio de 1945); o que en un contrato de larga duración de suministro de envases litografiados para conservas de pescado, por precio y características detalladas, celebrado en 1935, casi veinte años después no se podía oponer la extraordinaria dificultad producida por el aumento de los precios de las materias primas, la escasez de la hojalata y la prohibición de emplearla (STS de 17 de mayo de 1957); o que no cabía aplicar la cláusula rebus sic stantibus a un contrato de arrendamiento con opción de compra del Hotel Continental Palace de San Sebastian, pactada en 1921 cuando la opción se ejercita treinta años después, en 1951 (STS de 6 de julio de 1959); ni tampoco a un contrato de obra en la que el contratista alegaba dificultades sobrevenidas por diferentes motivos cuando había excluido en el contrato la huelga de trabajadores y, además, se había estipulado que no habría revisión del precio (STS 16 de julio de 1983); ni por supuesto a un contrato de compraventa de vigas de acero no obstante la alegación de las dificultades surgidas en la factoría productora y los acontecimientos políticos ocurridos en Irán, que era el lugar de destino de la mercancía (STS de 27 de junio de 1984), etc.

2.- A partir de 2013 y como consecuencia de la crisis económico-financiera que tan gravemente afectó a nuestra economía, la jurisprudencia del Tribunal Supremo introdujo un cambio progresivo de la concepción tradicional de esta figura y en la línea del necesario ajuste o adaptación de las instituciones a la realidad social del momento, así como al desenvolvimiento doctrinal consustancial al ámbito jurídico, realizó una valoración del régimen de aplicación de esta figura tendente a una configuración plenamente normalizada en donde su necesaria aplicación prudente no deriva de la anterior caracterización, sino de su ineludible aplicación casuística, de la exigencia de su específico y diferenciado fundamento técnico y de su concreción funcional en el marco de la eficacia causal de la relación negocial derivada de su imprevisibilidad contractual y de la ruptura de la base económica del contrato, con la consiguiente excesiva onerosidad para la parte contractual afectada.

Esta tendencia hacia la aplicación normalizada de la figura, reconocible ya en las Sentencias del Tribunal Supremo de 17 y 18 de enero de 2013; en donde se declaró que la crisis económica, de efectos profundos y prolongados, podía ser considerada abiertamente como un fenómeno de la economía capaz de generar un grave trastorno o mutación de las circunstancias; tomó cuerpo definitivo en la Sentencia de 30 de abril de 2014, con una detallada fundamentación y caracterización técnica de la figura y del desarrollo de la doctrina jurisprudencial relativa a su régimen de aplicación, que fue seguida en posteriores sentencias del Tribunal Supremo (Sentencia de 15 de octubre de 2014) y que también han venido aplicando la mayoría de Audiencias Provinciales. Pero no tanto para decretar la resolución de los contratos con fundamento en esta cláusula, sino más exactamente para atemperar sus efectos y modificar sus términos de modo que se compense equitativamente el desequilibrio de `prestaciones fruto de ese insospechado cambio drástico de circunstancias.

Lo expuesto no significa que nuestros Tribunales hayan abierto la puerta a la posibilidad de alegar cualquier cambio insospechado de circunstancias para eludir el cumplimiento de lo pactado. Menos aún tratándose de negocios especulativos, como fue el caso de la compraventa habitual de pisos sobre plano para su inmediata reventa con amplios márgenes de beneficio (Sentencia de 30 de abril de 2015), o la compra de terrenos rústicos en base a unas posibilidades de desarrollo urbanístico que más tarde se vieron frustradas (Sentencia de 25 de febrero de 2015), supuestos ambos en los que el Tribunal Supremo consideró improcedente atemperar las consecuencias del contrato en beneficio del especulador. Tan sólo significa que la apreciación de la cláusula rebus sic stantibus, como estipulación implícita en todo contrato que se ve afectado por un drástico cambio de circunstancias, ha dejado de ser un supuesto absolutamente excepcional en nuestro sistema judicial para pasar a considerarse una posibilidad real en el marco del cumplimiento de los contratos de tracto sucesivo por el acaecimiento sobrevenido de un cambio imprevisto e inevitable de circunstancias que torna imposible o extraordinariamente gravoso su cumplimiento, como es el caso del estado de alarma decretado a raíz de la crisis del Covid-19 y de los incuestionables efectos que suscita en numerosísimos contratos de dicha naturaleza.

3.- Aun cuando la jurisprudencia, según hemos dicho en el apartado anterior, parece haber suavizado los signos y los tonos, haciendo más fácil la aplicación de la cláusula, cabe señalar para que pueda entrar en juego la modificación del régimen de una relación contractual y del sistema de organización de intereses previsto en el contrato por desaparición sobrevenida de la base del negocio, es menester que ocurran una serie de requisitos que se pueden puntualizar del modo siguiente:

A) La relación contractual ha de ser de tracto sucesivo, considerándose asimiladas a éstas las relaciones contractuales de ejecución instantánea cuando su cumplimiento ha sido diferido para un momento distinto de aquel en que el contrato se celebró.

B) Como consecuencia de lo anterior, la relación contractual de que se trate ha de encontrarse en el momento de la aparición de las nuevas circunstancias todavía pendiente de ejecución. Por regla general, se entiende que la desaparición de la base del negocio o la aparición de las nuevas circunstancias afectan o inciden a las prestaciones pendientes de ejecución y, naturalmente, a las contraprestaciones que hubiera que pagar por ellas, pero si fuera una relación duradera (por ejemplo, un suministro) no incide sobre la prestación ya ejecutada cundo estas posean autonomía económica.

C) Debe producirse una desaparición sobrevenida de la base del negocio, que se entiende producida cuando: i) Se destruye la relación de equivalencia o  la relación existente entre las prestaciones de las partes; e ii) La finalidad común del negocio expresada en él o la finalidad sustancial del negocio para una de las partes, admitida y no rechazada por la otra, resulta inalcanzable.

D) La desaparición de la base del negocio ha de producirse como consecuencia de una alteración de las circunstancias que deba considerarse como extraordinaria, en relación con las existentes en el momento de la celebración del contrato y que, además, resultará en aquel momento radicalmente imprevista e imprevisible. No han de tenerse en cuenta las transformaciones de las circunstancias que fueron previsibles o que se encontraban directamente en la esfera de influencia de la parte perjudicada.

E) La alteración sobrevenida de las circunstancias debe determinar un perjuicio que resulte injustificado de acuerdo con el sistema de organización y de responsabilidad estatuido en el contrato. Por consiguiente, no son tenidas en cuenta aquellas alteraciones que, aunque repercutan en la posición de alguna de las partes y la perjudican, lo hacen a consecuencia de un anterior incumplimiento o de la violación por ella de algunas obligaciones contractuales. De manera especial, se puede señalar que no pueden ser tenidas en cuenta transformaciones de las circunstancias que perjudican el interés de una de las partes cuando esta se encontraba ya en mora en el cumplimiento de sus obligaciones.

F) Se entiende que no pueden ser tenidas en cuenta las transformaciones de las circunstancias ni la modificación de la relación de equivalencia entre las prestaciones cuando se opone a ello la buena fe. Así ocurre en particular cuando el riesgo haya sido el motivo determinante del negocio para ambas partes o para una de ellas, de forma conocida y no rechazada por la otra, como sucedería si se tratara de un contrato aleatorio o de un contrato de carácter conocidamente especulativo. Con mayor razón todavía, resulta inaplicable el régimen de la cláusula rebus sic stantibus cuando la alteración sobrevenida forma parte del riesgo asumido por una de las partes de acuerdo con la naturaleza y con el tipo de negocio.

4.- En cualquiera de los casos, resulta obligado subrayar que la apreciación de la concurrencia de las causas de aplicación de la cláusula rebus sic stantibus y de sus efectos sobre el contrato requiere de un examen individualizado que necesariamente ha de hacerse caso por caso y cuya conclusión será una u otra en función de sus particulares circunstancias. Por dicho motivo, resulta altamente recomendable que contacte con un abogado experto en este campo y le consulte su caso, en la seguridad de que las dificultades que todo nuestro tejido productivo está padeciendo a raíz de la crisis desatada por la pandemia generada por el virus covid-19, la subsiguiente declaración del estado de alarma y la consiguiente afectación e incluso paralización de sectores enteros de nuestra economía, serán debidamente considerados por nuestros Jueces y Tribunales llegado el caso de trasladarles la resolución de la cuestión, siempre evitable con una adecuada negociación.

Raúl Tenés Iturri – Abogado Socio

Oficina Donostia

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